Les presentamos el documento con las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía que se presentaron en Bruselas el 27 de enero de 2022.
Las nuevas Directrices fijan el marco para que las autoridades públicas apoyen los objetivos del Pacto Verde Europeo de manera eficiente y con un mínimo de falseamientos de la competencia. En particular, las nuevas Directrices:
Aunque las Directrices incluyen algunas normas específicas para pequeños proyectos, en general están concebidas para cubrir también medidas de ayuda de mayor envergadura. Funcionan junto con el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que prevé la posibilidad de que determinados regímenes más pequeños se apliquen sin la aprobación previa de la Comisión.
El RGEC está siendo sometido a una revisión enfocada a facilitar las inversiones verdes al ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de exención por categorías para abarcar las ayudas a las inversiones en nuevas tecnologías, como el hidrógeno y la captura y el almacenamiento o el uso de carbono, y en sectores que son fundamentales para alcanzar los objetivos del Pacto Verde, como la eficiencia de los recursos y la biodiversidad. Además, se flexibilizan las normas en relación con la definición de los costes subvencionables y las intensidades de ayuda.
Las Directrices ayudarán a los Estados miembros a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, con el menor coste para los contribuyentes y sin falsear indebidamente la competencia. A tal fin, están en consonancia con la legislación y las políticas pertinentes de la UE en los ámbitos de medio ambiente y energía. En particular:
Las Directrices y la taxonomía de la UE son pilares importantes del Pacto Verde Europeo y desempeñan funciones diferentes, pero complementarias:
Sin embargo, existen otras condiciones en las normas de competencia que aún deberían aplicarse para garantizar, por ejemplo, que la ayuda sea necesaria y proporcionada (a modo de ejemplo, la taxonomía identifica la energía renovable como sostenible, y las normas de competencia exigen por lo general que la energía renovable se apoye mediante procedimientos de licitación competitiva). En algunos casos, la ayuda también puede concederse a proyectos que no cumplan las normas establecidas en la taxonomía, siempre que sus efectos positivos estén justificados y se evite el bloqueo de actividades no sostenibles.
Los altos precios de la energía que estamos padeciendo en Europa son fundamentalmente el resultado del juego de la oferta y la demanda en el mercado del gas a nivel mundial, potenciado en parte por la recuperación económica.
El 13 de octubre, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía», al tiempo que se prosigue con la transición ecológica, en la que se describen los principales instrumentos para que los Estados miembros afronten este reto y cómo puede apoyarlos la Comisión. Tras la Comunicación del 13 de octubre, y tal como habían pedido los Estados miembros, en diciembre de 2021, la Comisión propuso reforzar la capacidad del sistema gasístico y las actuales disposiciones relativas a la seguridad del suministro.
La mejor manera de reducir los costes de la energía a medio y largo plazo es reducir la dependencia de la UE con respecto a las importaciones de combustibles fósiles y acelerar así la transición energética. Las Directrices apoyan este objetivo. Por ejemplo, las Directrices abarcan medidas de apoyo para ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente y a participar plenamente en la transición energética. Esto incluye, verbigracia, el apoyo a medidas de descarbonización o de mayor eficiencia energética, reduciendo el impacto del aumento de los precios de la electricidad o del gas para las empresas.
Sin embargo, el Derecho de la competencia permite una serie de medidas que los Estados miembros pueden adoptar sin falsear indebidamente la competencia en el mercado. Entre ellas se incluyen medidas de apoyo directo a las personas más vulnerables y en situación de pobreza energética, como pagos o ayudas para pagar las facturas de energía. Además, las medidas de carácter general, que ayuden a todos los consumidores de energía, no constituyen ayudas estatales. Estas medidas no selectivas pueden adoptar la forma, por ejemplo, de reducciones de impuestos o gravámenes, o de un tipo reducido para el suministro de gas natural, electricidad o calefacción urbana.
Las comunidades de energías renovables y otros pequeños agentes desempeñan un papel importante en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, como también se reconoce en la refundición de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (RED II). Por ello, las Directrices ofrecen flexibilidad adicional a estos agentes, permitiendo a los Estados miembros eximir del requisito de licitación pública a los proyectos comunitarios de energías renovables y los proyectos propiedad de pymes de capacidad instalada inferior a 6 MW. Las comunidades de energías renovables y las pequeñas empresas y microempresas también pueden desarrollar proyectos eólicos de hasta 18 MW sin licitación pública.
De manera más general, cuando se aplican las licitaciones competitivas, las Directrices permiten a los Estados miembros diseñar las licitaciones de una manera que mejore la participación de las comunidades de energía, por ejemplo reduciendo los requisitos de precualificación.
Las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización también pueden beneficiarse de las ayudas cuando se destinan a mejoras en el marco de contratos de rendimiento energético, ya sea para edificios o para actividades industriales. Además, las intensidades de ayuda pueden incrementarse en 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas o en 10 para las medianas empresas en el caso de una serie de categorías de ayuda, como las destinadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, para la adquisición de vehículos sin emisiones y el despliegue de infraestructuras de recarga y repostaje, para la eficiencia de los recursos, para la prevención o la reducción de la contaminación distinta de la producida por gases de efecto invernadero, y para estudios o servicios de consultoría sobre cuestiones relacionadas con el clima, la protección del medio ambiente y la energía.
Las Directrices siguen la misma línea que las Directrices anteriores (Directrices sobre medio ambiente y energía de 2014) y, por lo tanto, no se aplican a la energía nuclear. Esto se debe a que el apoyo a la energía nuclear afecta generalmente a un número limitado de proyectos muy grandes, es especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad, debe tener en cuenta, en particular, el Tratado Euratom y, por lo tanto, requiere una evaluación caso por caso. Sin embargo, las ayudas estatales a la energía nuclear pueden aprobarse directamente en virtud del Tratado y del Tratado Euratom.
Si bien el apoyo a la energía nuclear no está cubierto per se por las Directrices, el apoyo a la producción de otras fuentes de energía basadas en la energía nuclear, por ejemplo, el hidrógeno con bajas emisiones de carbono producido utilizando energía nuclear, es posible con arreglo a las Directrices, siempre que estos proyectos reduzcan las emisiones y no den lugar a un aumento de la demanda de electricidad generada a partir de combustibles fósiles.
Las Directrices no cubren las ayudas para la fabricación de productos, máquinas o medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
Como ya se reconoció en las Directrices anteriores (Directrices de 2014), las ayudas en favor del medio ambiente suelen ser menos falseadoras y más eficaces si se conceden al consumidor o usuario de productos respetuosos con el medio ambiente en lugar de al productor o fabricante de dicho producto. La ayuda al productor o fabricante del producto respetuoso con el medio ambiente no genera ningún beneficio para el medio ambiente en sí mismo; este beneficio solo se materializa si dichos productos sustituyen a alternativas más contaminantes. Sin embargo, al crear las condiciones propicias para la ayuda, es probable que las Directrices impulsen indirectamente la demanda de productos más ecológicos. Por ejemplo, es probable que el apoyo al despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos aumente la demanda de estos vehículos en el mercado.
Además, los Estados miembros pueden conceder ayudas medioambientales a las empresas para mejorar el nivel de protección medioambiental de sus actividades de fabricación. Los productores y fabricantes también pueden recibir ayudas para el desarrollo de nuevos productos respetuosos con el medio ambiente con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) (RGEC o Marco I+D+i).
Las Directrices garantizan la coherencia con los objetivos climáticos de la Unión, contribuyendo a eliminar gradualmente la posibilidad de subvenciones a los combustibles fósiles. En el caso de los combustibles fósiles más contaminantes, las Directrices prevén que es poco probable que la Comisión realice una evaluación positiva con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, habida cuenta de sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
En el caso del gas natural, la Comisión reconoce su papel durante un período transitorio. Las ayudas estatales para proyectos relacionados con el gas natural están sujetas a importantes salvaguardias para garantizar la compatibilidad con los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050. En este contexto, es importante que el apoyo al gas natural no dé lugar a efectos de bloqueo. Por ejemplo, es poco probable que las grandes inversiones de capital en una determinada tecnología contaminante incentiven al operador a cambiar a una tecnología menos contaminante a corto plazo. Por lo tanto, es poco probable que las medidas que impliquen nuevas inversiones en gas natural se evalúen positivamente con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, a menos que pueda demostrarse claramente que las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2050.
Este requisito se modula en función de los tipos de inversión. Por ejemplo, en el caso de las infraestructuras de gas natural, las inversiones deberán ser «aptas para el hidrógeno» y los gases renovables. Para la producción de energía pueden ser necesarios compromisos adicionales (véase la siguiente pregunta).
La Comisión puede exigir compromisos para garantizar que se evite la perennización de los combustibles fósiles y que las instalaciones de combustibles fósiles sean compatibles con los objetivos para 2030 y 2050. Esto puede incluir, por ejemplo, compromisos relacionados con el futuro despliegue de la captura y almacenamiento de carbono (CAC), la sustitución del gas natural por gas verde, o un calendario de cierre de determinada instalación.
Al garantizar la transparencia y la inclusividad, estas salvaguardias contribuyen a garantizar la rentabilidad. Estas salvaguardias son también importantes para garantizar que la mayor flexibilidad y el mayor importe de ayuda permitida con arreglo a las Directrices se aborden efectivamente cuando sea necesario para mejorar la protección del clima y el medio ambiente, se limiten a lo necesario para alcanzar los objetivos medioambientales y no falseen indebidamente la competencia o la integridad del mercado interior. Además, algunas de las salvaguardias (por ejemplo, el requisito de consulta pública) solo son aplicables a los regímenes o proyectos que superen un determinado presupuesto, a fin de evitar cargas excesivas para los solicitantes de ayuda más pequeños o para las medidas sencillas. El requisito de cuantificar el beneficio medioambiental de la medida es importante para aumentar la concienciación sobre la relación calidad-precio de los diferentes enfoques de descarbonización.
Los Estados miembros tendrán tiempo para adaptarse a estos nuevos requisitos, que no se aplicarán hasta julio de 2023.
La Comisión es plenamente consciente de los retos a los que se enfrentan las industrias a la hora de cumplir los objetivos del Pacto Verde. Por ello, las Directrices aumentan las posibilidades de conceder ayudas a la descarbonización industrial, en particular mediante la electrificación de los procesos de producción. Las Directrices prevén una flexibilidad adicional para una serie de instrumentos de ayuda, permiten la ayuda para la totalidad de los costes adicionales de las actividades más respetuosas con el medio ambiente y cubren una gama más amplia de tecnologías para alcanzar los objetivos del Pacto Verde. No obstante, cuando se apoya la electrificación, es importante garantizar que se tengan debidamente en cuenta las emisiones procedentes de la electricidad utilizada para satisfacer la demanda adicional de electricidad.
En este contexto, las nuevas normas para la reducción de los gravámenes sobre la electricidad (véase la pregunta siguiente) buscan un equilibrio entre apoyar los esfuerzos de los usuarios con un elevado consumo de energía para electrificar sus procesos industriales y garantizar al mismo tiempo que también se establezcan incentivos adecuados para mejorar la eficiencia energética.
Los procedimientos de licitación pública han contribuido a reducir el precio de las energías renovables, favoreciendo la adopción de tecnologías más eficientes, como la energía eólica y solar. Además, las licitaciones competitivas pueden reducir el riesgo de subvención excesiva, garantizando así el buen uso del dinero de los contribuyentes. Por estas razones, la licitación competitiva será el mecanismo por defecto de la mayoría de las secciones de las Directrices para conceder ayudas. En la medida de lo posible, se fomentarán licitaciones abiertas en ámbitos y tecnologías comparables.
No obstante, las Directrices también establecen una lista abierta de situaciones que justifican licitaciones específicas por tecnología. Entre ellas se incluyen cuestiones relacionadas con la red, el potencial demostrado a largo plazo de una tecnología, la rentabilidad y otros objetivos medioambientales. Además, en los casos en que el Derecho de la Unión establezca objetivos sectoriales o tecnológicos específicos (por ejemplo, para la eficiencia energética en el marco de la Directiva relativa a la eficiencia energética o para las energías renovables en el marco de la Directiva sobre energías renovables) o cuando sea necesario demostrar nuevas tecnologías, las Directrices ofrecen a los Estados miembros flexibilidad para diseñar medidas más específicas.
El déficit de financiación corresponde a la diferencia entre los costes e ingresos de una actividad que contribuye a la consecución de normas más estrictas en materia de clima, energía o medio ambiente en comparación con los costes e ingresos de una actividad similar y menos respetuosa con el medio ambiente que se llevaría a cabo en ausencia de ayuda. Por lo tanto, el déficit de financiación identifica la ayuda mínima necesaria para incentivar la actividad subvencionada.
Las energías renovables son más importantes que nunca para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la UE. Para que los Estados miembros puedan apoyar todas las tecnologías y enfoques que puedan contribuir al Pacto Verde, y para garantizar que las Directrices estén lo más preparadas posible para el futuro, las nuevas Directrices incluyen disposiciones que cubren explícitamente el apoyo a las energías renovables. Los Estados miembros pueden desplegar sistemas específicos de energías renovables para contribuir a los objetivos de la UE en materia de energías renovables y apoyar tecnologías renovables específicas cuando ello logre costes más bajos u otros beneficios en materia de eficiencia o medio ambiente.
Las Directrices incluyen una sección específica sobre el comportamiento energético y medioambiental de los edificios, que introduce una evaluación simplificada, en particular en lo que se refiere a la determinación de los costes subvencionables. Además, permiten a los Estados miembros combinar las ayudas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios con ayudas para cualquier otra inversión que mejore el rendimiento energético o medioambiental de los edificios. Por otra parte, las medidas de ayuda que generen un ahorro de energía ambicioso pueden optar a una bonificación ecológica. Por último, la sección contiene normas específicas sobre ayudas de liquidez a las empresas de servicios energéticos (ESE) para facilitar la contratación de rendimiento energético.
Movilidad limpia ¿Qué dicen las Directrices sobre la movilidad limpia?
Las ayudas estatales para la adquisición de nuevos vehículos de transporte y para la retroadaptación de vehículos ya podían aprobarse con arreglo a las Directrices anteriores (de 2014). Las Directrices introducen cuatro nuevos elementos:
Eficiencia en el uso de los recursos ¿En qué consiste el capítulo sobre la eficiencia en el uso de los recursos? ¿Supone un apoyo a los productos ecológicos?
El capítulo sobre ayudas a la eficiencia en el uso de los recursos se ha revisado profundamente para abordar los retos de garantizar la transición hacia una economía circular.
Las ayudas estatales para la gestión de residuos, es decir, las ayudas para la recogida, clasificación y tratamiento de residuos, siguen siendo posibles. Además, las Directrices también incluyen disposiciones específicas sobre ayudas a la reducción, prevención, preparación para la reutilización, recuperación y reciclado de residuos y otros productos, así como ayudas para otras inversiones que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos de los procesos de producción mediante la reducción de la cantidad de recursos consumidos o la sustitución de materias primas primarias por materias primas secundarias.
Esta sección no cubre las ayudas a la producción de productos verdes (véase más arriba). En cambio, el objetivo de las ayudas para la eficiencia en el uso de los recursos es incentivar a los operadores económicos para que reduzcan la cantidad de residuos que producen, utilicen menos recursos, reutilicen y reciclen mejor los materiales, aumenten el uso de materiales reciclados y biológicos y, en general, pasen a procesos de producción más eficientes en el uso de los recursos y más respetuosos con el medio ambiente.
Seguridad del suministro de electricidad ¿Qué ha cambiado en comparación con las Directrices de 2014?
Las Directrices introducen una serie de aclaraciones para armonizar mejor las normas de seguridad del suministro con el Reglamento sobre la electricidad de 2019 y para explicar cómo se aplican las normas a diversas medidas posibles para la seguridad del suministro, incluidas las medidas relacionadas con los problemas regionales de seguridad del suministro causados por la insuficiencia de la red.
Las normas también limitan aún más el potencial de los combustibles fósiles para beneficiarse de apoyo en el marco de las medidas de seguridad del suministro y permiten a los Estados miembros introducir criterios medioambientales en sus medidas de seguridad del suministro para garantizar que el apoyo se oriente hacia actividades sostenibles.
Usuarios intensivos de energía ¿Por qué permite la Comisión apoyar a las industrias con gran consumo de energía en forma de reducción de los gravámenes sobre la electricidad?
La Comisión solo permite reducciones de determinados gravámenes sobre la electricidad para industrias que han sido identificadas como grandes consumidoras de energía y, al mismo tiempo, abiertas al comercio internacional. Debido a estos dos factores, el coste de la electricidad desempeña un papel importante en las posibles decisiones de reubicación. Si estas empresas decidieran producir fuera de la UE, normalmente se trasladarían a países con normas medioambientales menos estrictas. Además, el paso a la electricidad en los procesos industriales es una vía prometedora para la descarbonización de algunos de estos sectores. Por lo tanto, la reducción de las tasas de descarbonización para sectores especialmente expuestos puede apoyar la electrificación de sus procesos industriales.
Por último, las nuevas normas también exigen que las reducciones de tasas estén condicionadas a que los beneficiarios se comprometan a reducir su huella de carbono, ya sea mediante medidas de eficiencia energética o mediante el consumo de electricidad sin emisiones de carbono o inversiones en tecnologías de vang